“Justicia ideológica: la SCJN y el aborto”

 “Justicia ideológica: la SCJN y el aborto”

Según información dada a conocer por el periódico Reforma, el próximo miércoles 29 de julio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá un amparo por Omisión Legislativa en contra del Congreso de Veracruz. El tema de fondo en la resolución de la Corte: el aborto en cuanto a su regulación penal.

Sin duda el tema del aborto en México ha sido motivo de debate a lo largo de las últimas dos décadas, por desgracia con argumentos mas de creencias que de ciencia y derecho. Y por desgracia hoy nos encontramos con un proyecto de sentencia que cae en ese grave error. 

De entrada hay que precisar que es la omisión legislativa: es decir cuando un nuevo Tratado Internacional o Reforma Constitucional, o resolución de uno de los Tribunales de Interpretación establece que una situación establecida en ley debe ser modificada. 

En el caso del Amparo que se resuelve, el motivo del amparo es que fruto de la Alerta de Género del Estado de Veracruz por la grave situación que se tiene de feminicidios,  la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en su declaratoria de acciones para mejorar la situación de la violencia en el Estado, ordenó al Congreso de Veracruz cambiar su legislación penal para que el aborto no fuera delito cuando se comete hasta la semana 12 de gestación y se modifique la sanción a la mujer que es de recibir tratamiento médico y educativo. Esto bajo el argumento de que de no ser así, se estaría discriminando a las mujeres y se les estaría realizando violencia por ese tipo de sanción. 

Estas recomendaciones de la citada CONAVIM no fueron tomadas en cuenta por el Congreso de Veracruz ya que en ejercicio de su soberanía legislativa cuando el tema del aborto fue discutido, las propuestas no fueron aprobadas por la mayoría. Ante esto una organización civil recurrió al amparo ante un juez de distrito que concluyó que lo realizado por el Congreso fue un acto de Omisión Legislativa. Ante lo cual el Congreso recurrió, ya que como es evidente ni en la Constitución, ni en ningún tratado internacional se establece que el aborto comienza en la semana 13 de gestación ni que las sanciones establecidas en el Código Penal del estado sean discriminatorias. 

Ante esto la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso y  es ahora que se ha hecho público el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que podemos claramente concluir que una vez más estamos ante un debate ideológico y no jurídico. 

Al inicio de su Proyecto el Ministro reconoce que la declaratoria de CONAVIM no puede ser vinculante ya que como bien señala el Congreso es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y por lo tanto sus conclusiones no obligan a un poder legislativo autónomo; de igual forma se señala que la fundamentación que el Juez hace basada en resoluciones de consejos de organismos internacionales tampoco es vinculante, por tanto valida la opinión del Congreso sobre el hecho de que no hay omisión legislativa al no haber legislación nacional o internacional que obligue textualmente a un cambio. Hasta aquí la resolución resulta jurídicamente lógica.

Sin embargo de pronto el Ministro parece olvidar que lo que esta en debate es una omisión legislativa y decide hacer una serie de juicios de interpretación sobre dos tratados internacionales que sancionan la discriminación y la violencia contra la mujer y tras una serie de análisis basados justo en recomendaciones de los Consejos que justo, páginas anteriores dijo que no son vinculantes, concluye que se puede entender que los artículos del Código Penal de Veracruz que señalan que el aborto comienza desde la concepción y que la sanción que recibe una mujer sea tratamiento médico, son discriminatorios y ejercen violencia contra la mujer, por lo que ordena al Congreso de Veracruz a realizar cambios en su legislación, estableciendo que el aborto comience en la semana 13 de gestación. 

El análisis de los argumentos del Ministro coloca en tela de duda su formación jurídica. Y si recordamos sus antecedentes con la resolución en la que siendo Magistrado en la CDMX ayudo al Ex Ministro Góngora Pimentel a pagar una cantidad irrisoria de pensión aludiendo que como sus hijos presentaban deficiencias mentales no requerían dinero para divertirse. Puede uno concluir que el señor responde más a intereses que al cumplimiento de la ley y la justicia. 

En este caso su sentencia es una franca intromisión del poder judicial en el poder legislativo y de aprobarse sentaría un precedente muy grave en materia jurídica.

Además de tal acto de gravedad, sobre sus conclusiones me permito señalar lo siguiente: resulta irrisorio que ante los hechos se diga que el aborto es discriminatorio, cuando en el país hay detenidos por este delito 98% hombres y 2% mujeres, según los datos del propio gobierno. Por otro lado, resulta un insulto a la inteligencia que se establezca que dicha discriminación se subsana con imponer 12 semanas de aborto libre, ya que prevalecer la protección del feto es un estereotipo. No hay una sola fuente legal citada que establezca la razón de la semana 12. Lo que si existe en nuestra Constitución es en el artículo 123 la protección del producto de la concepción. Y no hay un solo documento ni legal ni científico que diga que la concepción se da tras 12 semanas de gestación.

Mencionar que la sanción educativa o de salud es violencia contras las mujeres, es una irracionalidad porque entonces qué es la cárcel, ¿tortura?

Entrar al debate del aborto es válido pero querer imponer el aborto violentando la ley, es ultraje.

¡Que Viva México! y que vivan las y los mexicanos en todas sus etapas de desarrollo. Desterremos la violencia.

Ferdinard Recio López

Licenciado en Derecho, especializado en Derecho Electoral, en Derecho Fiscal y Administrativo, con estudios en materia de administración de Empresas, Consultoría Política, Campañas Políticas y Alta Dirección de Organismos Empresariales, en instituciones académicas como Harvard University y George Washington University, entre otras. Fue Director General de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), donde actuó como representante del sector empresarial mexicano ante el Business and Industry Advisory Commitee de la OCDE, ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Fue Director de la Revista Pulso Legislativo y cuenta con amplia experiencia en procesos y campañas electorales. Ha sido Delegado de México ante la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas en 4 ocasiones. Ha asesorado Gobernadores, Alcaldes, Legisladores Federal y Locales, tanto en sus procesos de elección, como en sus gestiones de gobierno y representación popular. Desde hace más de 10 años, se dedica al cabildeo y a brindar asesoría política en México a integrantes de todos los partidos políticos. Además de participar en distintas organizaciones de la sociedad civil, destacando el MOVIMIENTO VIVA MÉXICO.

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